El 1 de julio vence el plazo para que las organizaciones políticas presenten su información financiera anual

La norma recuerda que según el numeral 34.3 de artículo 34 de la Ley
Organizaciones Políticas, en el plazo de seis (6) meses contados a
partir del cierre del ejercicio anual, las organizaciones políticas
presentan ante la ONPE un informe de la actividad económica-
financiera de los aportes, ingresos y gastos.

En ese sentido, la ONPE precisa que el informe financiero anual debe
comprender el balance general con el detalle de la composición de cada
una de sus cuentas, el estado de ingresos y egresos, diferenciando las
fuentes de financiamiento privadas y públicas, la notas a los estados
financieros, los aportantes y el monto de sus aportes y la información
complementaria a los estados financieros.
También se detalla que la información financiera debe ser remitida a
la ONPE en los formatos que fueron aprobados por la Gerencia de
Supervisión de Fondos Partidarios.
La IFA comprende el periodo que va del 01 de enero de 2021 al 31 de
diciembre de 2021.

La obligación de presentar la información financiera anual corresponde
a las organizaciones políticas con inscripción vigente durante el año
2021. En caso de que se cancele la inscripción de una organización
política, la información económica financiera a presentarse
corresponderá al periodo de los meses en que estuvo vigente su
inscripción.

La norma recuerda que, de conformidad con el último párrafo del
artículo 99 del Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios, las
organizaciones políticas que integran las alianzas electorales,
realizan su actividad económica-financiera a través de dichas alianzas
y no por intermedio de las organizaciones políticas que la conforman.
Según el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos
Partidarios, incumplir con presentar la información financiera anual
en el plazo previsto en la Ley de Organizaciones Políticas constituye
una infracción muy grave, sancionable con una multa no menor de 31 ni
mayor de 100 UIT y la pérdida el financiamiento público directo.